JUICIO 11 - M. TRIGÉSIMO CUARTA SESIÓN

Los testimonios de dos guardias civiles de Asturias han confluido en una misma idea: que los explosivos del 11-M que salieron de Mina Conchita fueron robados en pequeñas cantidades y que es imposible evitarlo.

El jefe del Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil en Asturias, José Luis Bayona Pérez, ha declarado ante el tribunal del 11-M que una circular de septiembre de 2002 hablaba de la necesidad de contratar a vigilantes de seguridad privados para controlar los explosivos en las minas porque se habían detectado "pequeñas sustracciones de material".

Según este testigo, se deducía que el material robado era el que sobraba de las cantidades que los mineros cogían cada día para las voladuras.

Según él, nunca se habló de robos de cantidades importantes. El control de la Guardia Civil consistía en la vigilancia del traslado de explosivos por carretera y el contraste de los documentos de las minas que registran la entrada de material y el material usado

También ha prestado declaración un interventor de armas y explosivos de la Guardia Civil número C-21698-A, encargado de realizar inspecciones técnicas de los depósitos de explosivos de las minas asturianas. Según ha declarado, él y otros dos compañeros se repartían las revisiones, que se realizaban anualmente. Se limitaban a comprobar que los minipolvorines (donde las minas guardan el explosivo y los detonadores) se encontraban en buen estado y a mirar el libro de consumo.

Según ha declarado, "siempre" les resultó "anecdótico" que las cifras de los explosivos consumidos que aparecían en los libros eran "números redondos". Los responsables alegaban que les resultaba más fácil trabajar con esas cifras y garantizaban que realmente gastaban el explosivo que decían. El ejemplo puesto ha sido el siguiente: si se pedían 30 kilos y sobraban tres, pues esos tres se metían en cualquier voladura, de manera que lo que sobraba, en realidad nunca sobraba.

El abogado de la acusación Gonzalo Boyé, sorprendido porque se le diera credibilidad a este razonamiento, lo ha puesto en duda, preguntando si esos sobrantes no serían robados y apostillando en su interrogatorio: "Si no era verdad, estamos ante lo que sucedió".

Si bien el interventor ha manifestado que siempre encontró corrección en las instalaciones, ha señalado que entonces se daba por hecho que pudiera producirse alguna "sisa" del material. De hecho, 'a posteriori', su "hipótesis factible" del robo de explosivos es que se sustrajeron "poco a poco".

La teoría de la "pequeña sisa" la ha respaldado también el testigo José Moya, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y la Metalurgia. Él, con toda su experiencia detrás, ha dado por hecho que en las minas se producen "pequeñas sisas" de cartuchos. "Es muy fácil sacar un cartucho. Cualquiera puede hacerlo", ha comentado. "Otra cosa es el robo masivo", ha añadido.

Por otro lado, el interventor de la Guardia Civil ha agregado que el cambio de la normativa tras los atentados ha hecho que los controles de explosivos sean más exhaustivos, aunque, en lo que a su trabajo respecta, ni entonces ni ahora tiene acceso a las galerías de la mina para comprobar si el explosivo se usa realmente. Finalmente, ha zanjado: "Es imposible controlar el consumo real en una mina; antes, ahora y después".

También declaró este martes, por la mañana, el capitán jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo, Pedro Marful. Afirmó que trató de investigar las informaciones de 2003 que le transmitieron varios confidentes sobre el tráfico de explosivos que realizaban José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, pero que NO prosperaron porque según le dijeron sus superiores no eran pruebas suficientes, aunque le "animaron a seguir investigando". "Mi deseo era pinchar los teléfonos de Toro y Trashorras".

Reconoció que supo de la existencia de la nota del 6 de marzo (aunque sus superiores trataron de ocultársela). Aunque si algo llama la atención de su declaración es que Marful dijo que fracasó la creación del grupo de trabajo, que mencionó después su superior Laguna. Señaló que se le "escapan los motivos" del fracaso de esta creación. No obstante, añadió que la creación fracasó ante la intención de Oviedo de liderar el grupo y el desarrollo por parte de Gijón de la Operación Serpiente, abierta a raíz de las confidencias del testigo protegido Lavandera, también sobre Toro y Trashorras.Tres confidentes distintos, todos apuntando al mismo sitio. Tres unidades distintas dentro de la Guardia Civil, todas con sus celos profesionales, sus diferencias y sus contradicciones. Tres intentos de investigación que confluyen en uno solo. Tres vías muertas. Al final, las tres partes confluyen en que no hubo pruebas suficientes para investigar y, muchos menos, detener a Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro en 2003 por supuesto tráfico de explosivos.

Ante el tribunal del 11-M han comparecido también el responsable de la Comandancia de Oviedo (coronel Fernando Aldea Juan), y el de la Comandancia de Gijón (comandante José Antonio Rodríguez Bolinaga).

La declaración del que fuera máximo responsable de la Guardia Civil en Asturias no ha variado sustancialmente de lo que afirmó en su segunda comparecencia ante la Comisión del Congreso: descarga su responsabilidad en sus subordinados aunque luego defiende su trabajo; dice que no tiene conocimiento de ninguna información, incluso vuelve a repetir, esta vez en sede judicial, que de la cinta con las confidencias de Lavandera se enteró por la prensa.

Pedro Laguna reiteró que su labor se limitó exclusivamente a crear un equipo de trabajo para esclarecer el papel de Suárez Trashorras y Antonio Toro en el tráfico de explosivos. Y es que por tres vías diferentes le llegó esta información a la Guardia Civil de Asturias: el confidente "Nayo", "Lavandera" y Rafa Zouhier (esta última información facilitada por el acusado, a través de la UCO). Durante los meses que duró esta investigación, Laguna afirmó que se desentendió totalmente de ella. Sólo se entera de algo en junio de 2003, según dice. Es en ese momento cuando le comunican que los trabajos no han prosperado, que "no han sacado nada, que han hecho registros pero que han derivado hacia la droga". De explosivos nada.

En su intervención en el Congreso, afirmó que ese grupo de trabajo se compuso de mandos de la Guardia Civil y dos oficiales de la Unidad Central Operativa (UCO). Este martes, ante el tribunal, no fue tan claro. Preguntado expresamente sobre este asunto por Endika Zulueta, Laguna se limitó a responder que él no llevaba esa investigación. Sin embargo, minutos antes, había relatado que hacia el 20 de febrero el teniente coronel de la Comandancia de Oviedo le informa que dos hombres de la UCO habían llegado a la ciudad con la misma información sobre el tráfico de explosivos. "Y mi respuesta fue: Ya sois más. A trabajar". Estas informaciones contradicen de plano lo declarado por el jefe de la UCO, Félix Hernando, quien señaló que su unidad se desentendió cuando la investigación pasó a Asturias. La polémica nota del 6 de marzo Hernando siempre había dicho que la labor de la UCO se terminó en febrero de 2003 y que prueba de ello era una nota remitida a la Guardia Civil de Asturias, en concreto el 27 de febrero. Sin embargo, existe una nota fechada el 6 de marzo de la Unidad Central Operativa. En su segunda comparecencia en la Comisión, Pedro Laguna dijo que ese día la UCO envió un informe a la Comandancia de Oviedo en el que señalaba que sus pesquisas apuntaban a una organización de delincuentes a nivel nacional. Este martes, en sede judicial, el ex máximo responsable de la Guardia Civil en Asturias, negó que se recibiera esa nota. Dice que no habló con nadie de la UCO y que nadie de esa Unidad se dirigió a él. Pero Hernando reconoció el pasado 3 de mayo al tribunal que la famosa nota del 6 de marzo existe, aunque, según él, es una mera "ampliación". Es más, el mismo día, Francisco Javier Jambrina, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, aseguró que el miembro de la UCO y controlador de Rafa Zouhier, el agente "Víctor", le pidió que destruyera dicha nota.

Asimismo, Laguna, dijo que se enteró de la detención de Rafa Zouhier por parte de la Comandancia de Oviedo después de los atentados. También se enteró después de la masacre que este confidente había proporcionado una muestra de explosivos. A la pregunta de si ordenó algún tipo de actuación contra Suárez Trashorras y Toro –cuyos nombres habían salido en las confidencias sobre el tráfico de explosivos– afirmó: "Yo no tengo nada que ordenar". Por último cabe destacar, que a Pedro Laguna el Gobierno de Zapatero le ascendió en junio de 2004, tres meses después de los atentados, a general. Según informó El Mundo, el propio Laguna declaró entre bromas que su hermano, bien situado en el PSOE, había ayudado a conseguir su ascenso. "Pero que no se entere nadie, que yo siempre he presumido ser del PP", añadió. Tras Laguna, compareció en el juicio del 11-M el jefe de la Comandancia de Gijón, José Antonio Rodríguez Bolinaga, a quien la propia Guardia Civil le abrió una sanción administrativa por la desaparición durante un largo periodo de tiempo de la cinta con las grabaciones de las confidencias de Lavandera. Como también hizo en su día en la Comisión de Investigación, Bolinaga echó sobre los hombros de la Policía Nacional la investigación de la trama de la dinamita que les narró Lavandera.

Bolinaga dijo en el juicio que Lavandera había sido confidente de la Policía en la Operación Pipol. Y explica los motivos por los que su investigación no progresa: "Nuestra investigación no prospera, no porque esté mal llevada, sino porque íbamos un paso por detrás de la Policía". A pesar de ser expedientado por este asunto defendió su inocencia y su buen hacer. Al igual que su superior se enteró de importantes asuntos por la prensa: de la existencia de "Nayo", de que la UCO empieza las investigaciones en 2003. Y también desvía responsabilidades, como lo han hecho la mayor parte de mandos policiales y de la Guardia Civil que desfilan por la sala. Dijo que la Comandancia de Oviedo no participó en ningún seguimiento de Toro y Trashorras porque la de Gijón "se la ocultó".

Ha declarado como ha quedado dicho el jefe de Policía Judicial de Oviedo (capitán Pedro Marful), su homólogo de Gijón (teniente Carlos Montero) y el superior de todos ellos, jefe de Zona de Asturias (general Pedro Laguna).

Entre ellos ha habido algunas contradicciones, pero todos han coincidido en lo esencial: que no hubo pruebas materiales de que Toro y Trashorras robaran y vendieran explosivos, sólo informaciones de tres confidentes (uno en Oviedo, otro en Gijón y otro en Madrid). Las contradicciones. Primero, las diferencias: los de Oviedo han dicho que intentaron formar un equipo conjunto con personal de Gijón para investigar los soplos de sus colaboradores, pero que su superior de Zona (Laguna) lo impidió. Laguna, por el contrario, dijo que él no había impedido nada y que fue el propio jefe de Oviedo, Aldea Juan, quien decidió trabajar por su cuenta, aunque con el apoyo de Gijón.

El jefe de Gijón ha dicho que sí llegó a formarse un grupo de trabajo formado por el número dos de Oviedo (Francisco Jambrina) y los superiores de Policía Judicial de Oviedo y Gijón. Al final, el resultado fue el mismo: la investigación sobre explosivos no se llevó a cabo y derivó en una investigación sobre el tráfico de drogas.

También se han dejado ver los celos profesionales entre Oviedo y Gijón. El jefe de Gijón ha criticado que cuando la Unidad Central Operativa, de Madrid, fue a Asturias a investigar el soplo de Rafa Zouhier sobre la venta de explosivos, a ellos no les dijeron nada, pese a que también estaban investigando lo mismo.

'Nayo'

La Guardia Civil de Oviedo contaba con la confidencia de José Ignacio Fernández Díaz alias 'Nayo'. La de Gijón con la denuncia de Francisco Javier Lavandera. La UCO, con la información de Rafa Zouhier.

'Nayo' habló al capitán Marful de que "faltaban explosivos de la 'operación Pipol' que no habían sido encontrados". En esta operación, Toro y Trashorras fueron detenidos y procesados por tráfico de drogas y explosivos. Además, Marful contaba con otra información, facilitada entonces por un testigo protegido en la causa actualmente. Este segundo confidente le habló de que "ETA estaba detrás de unos explosivos de Toro". Lo mismo declaró ante el tribunal, aunque señaló que lo sabía porque se lo había dicho 'Nayo'.

Lavandera

Por otro lado, Lavandera habló de que Antonio Toro ofrecía explosivos "a diestro y siniestro" en el club Horóscopo de Gijón.

Sin embargo, los mandos de esta comandancia han alegado que todo lo comentado por Lavandera se refería a lo investigado en la Pipol y que no encontraron nada nuevo. "No llegamos a tener indicios de criminalidad nunca", ha señalado Carlos Montero.

En lo que respecta a Gijón, fue en un cuartel de esta comandancia donde se encontró una casete extraviada con las denuncias de Lavandera tres años después de que hubieran sido grabadas. Su comandante, Rodríguez Bolinaga, fue sancionado por ello, aunque él ha alegado que lo importante de esa cinta se contaba en el informe que hizo el agente que realizó esa entrevista.

Zouhier

Finalmente, está el confidente de la UCO, el procesado Rafa Zouhier, que informó de que Toro y Trashorras ofrecían hasta 150 kilos de explosivos y que le habían entregado una muestra de dinamita.

Esto lo recogió el alferez 'Víctor' en una nota informativa de 6 de marzo de 2003 que envió a la comandancia de Oviedo (aunque Pedro Laguna dice que le llegó a él, que era el jefe de Zona). Tras este envío y otro informe del 27 de febrero, la UCO se desentendió de la investigación porque competía a Asturias, según declaró el jefe de la UCO, Félix Hernando. Tampoco le dieron mucha credibilidad. "Alguien que dice tener 150 kilos de explosivo, no entrega esa muestra", sostuvo Hernando.

Oviedo tuvo en cuenta esa otra confidencia para intentar judicializar una investigación y pinchar los teléfonos de Toro y Trashorras, según ha manifestado el capitán Marful. Pero su intento no tuvo éxito porque dos confidencias no eran pruebas suficientes para ello. "Me animaron a que siguiera investigando", ha declarado. El jefe de la Comandancia de Oviedo, Fernando Aldea, también ha dicho que hablaron con los fiscales de Avilés (donde vivían Toro y Trashorras) para ver cómo encauzar la investigación, pero que también resultó en vano.

Al parecer, Oviedo no tenía muy en cuenta al confidente de Gijón. Según Pedro Laguna, el jefe de Zona, un día le preguntó al capitán Marful (de Oviedo) por la 'operación Serpiente', una iniciada también a partir de informaciones de Lavandera. Marful, según Laguna, respondió que la operación había fracasado, que Lavandera les "engañaba constantemente" ("que si había explosivos, que si no") y que le dijeron: "El día que haya explosivos y los veas, nos llamas". Así de claro.

A todo esto, Pedro Laguna, el jefe de Zona se ha desvinculado de todo tipo de decisiones finales sobre la investigación a fondo que nunca se llevó a cabo. De la UCO, dice que sólo le llegan las notas informativas del 27 de febrero y del 6 de marzo. De las pesquisas sobre Toro y Trashorras, dice que decide todo el comandante jefe de Oviedo: "Yo no tengo más información que la que me da el teniente coronel (Fernando Aldea)". "A mí la UCO no me informa de nada", añade.

En junio de 2003, dice que le preguntó por la investigación y que Aldea le respondió: "Lo hemos dejado porque no hay información. Estamos a la espera de que 'Nayo' o la UCO nos den más información".

En lo que respecta a Gijón, el superior de Policía Judicial, Carlos Montero, ha afirmado que investigaron durante dos meses a Toro y Trashorras. El resultado, el mismo que en Oviedo: nada.

Según la acusación de la fiscalía, entre octubre de 2003 y febrero de 2004, Emilio Suárez Trashorras, con la colaboración de su cuñado, Antonio Toro, negoció la venta de 200 kilos de explosivos con Jamal Ahmidan 'El Chino', uno de los organizadores de los atentados del 11 de marzo en los que murieron 192 personas y resultaron heridas otras 2.000.

Los explosivos fueron robados de la Mina Conchita en la que Trashorras había trabajado tres años antes. Este martes también han declarado varios guardias civiles que han coincidido en que es imposible controlar el consumo de dinamita y es muy fácil robar cartuchos.

Alberto García Llana, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Asturias, ha apostillado al final de la sesión que la falta de personal es "un mal endémico en la Guardia Civil" y que eso afecta a todo, incluido el control de explosivos. Para la observación y vigilancia dentro de las minas tampoco tienen medios, según ha dicho.

Extraido en plan batiburrillo de las fuentes habituales, el Mundo, LD y el país que cada vez informa menos (en la versión digital, la de papel no puedo decir nada).

En definitiva, se evidencia la falta de coordinación, eficacia, hasta preparación y si se me pemite la expresión, fiabilidad de los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Una vez más, ¿En manos de quien estamos?

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