Por ejemplo, la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11
-M sostiene que, a la luz de las pruebas practicadas, en los trenes del 11-M estalló Goma 2 ECO y Titadyn, y que éste explosivo forma parte de una 'cuarta trama' no resuelta vinculada a ETA. Para la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, estalló Goma 2 ECO y Goma 2 EC. Y para la AVT, no ha quedado acreditado el tipo de dinamita empleado, aunque señala que no puede descartarse el Titadyn.
La acusación de la asociación 'Ayuda', representada por el abogado José María de Pablo, argumenta su tesis con los componentes hallados en las muestras analizadas en la nueva pericial, que fue encargada por el tribunal del 11-M a comienzos de este año.
Según señala en su escrito de conclusiones, en las pruebas realizadas a las muestras tomadas en los focos, así como a las tomadas al explosivo intacto incautado a los terroristas, "apareció nitroglicol, nitrato amónico (componentes ambos tanto de la Goma 2 ECO como del Titadyn), dinitrotolueno, nitroglicerina (componentes ambos del Titadyn pero no de la Goma 2 ECO) y ftalato de dibutilo (componente de la Goma 2 ECO pero no del Titadyn) en los restos de los focos de las explosiones analizados".
Cuatro de los ocho peritos que realizaron la prueba atribuyeron la presencia de nitroglicerina a una contaminación de las muestras en el almacenamiento de las mismas durante estos tres años. Los otros cuatro peritos, propuestos por esta misma asociación y por la AVT, consideraron imposible esta posibilidad. De Pablo la denomina "la teoría de las moléculas voladoras" y es la misma teoría que mantiene la Fiscalía para afirmar que en los trenes estalló Goma 2 ECO y Goma 2 EC procedente de Mina Conchita (Asturias). También es la conclusión a la que llega la acusación de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo.
El abogado argumenta que, de ser cierta esta teoría, "cada molécula voladora habría atravesado un total de dos armarios, dos cajas, cinco bolsas de poliuretano, un sobre de papel, y cinco metros de distancia en el almacén, para terminar contaminando las muestras del 11-M".
El fabricante de Goma 2 EC, Maxam Corp., la otra marca de dinamita tenida en cuenta por los peritos, advirtió la semana pasada de que este tipo de explosivo no contenía nitroglicerina desde 1992, al contrario de lo que habían sostenido los peritos en la vista oral. La Goma 2 EC, añadieron, dejó de fabricarse en 2002. (pdf)
En cambio, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo (presidida por Pilar Manjón), considera que los terroristas montaron sus bombas mezclando la Goma 2 ECO y la Goma 2 EC que les proporcionó la "célula de Avilés" liderada por Emilio Suárez Trashorras.
El abogado de la Asociación Ayuda 11-M sostiene que la Goma 2 ECO empleada "acredita la implicación de la llamada trama asturiana en su suministro", mientras que la dinamita Titadyn apunta hacia lo que en su escrito de conclusiones provisionales habían llamado "cuarta trama". Esto, añade, "constituye un indicio más de que esa cuarta trama estaría formada, posiblemente, por miembros de la banda terrorista ETA, si bien se trata de una cuestión que exige una investigación seria".
El escrito de conclusiones definitivas recuerda que el Inspector de la Policía con carnet profesional número 23.599 testificó que, cuando se entrevistó el día 17 de marzo de 2004 con el acusado Emilio Suárez Trashorras, éste le confesó que Jamal Ahmidan le había comentado que era "amigo" de los etarras Irkus Badillo y Gorka Vidal, detenidos 11 días antes del 11-M con 500 kilos de explosivo.
Según acreditaron responsables de la Unidad de Inteligencia de la Policía, "no hay ningún dato objetivo" que permita establecer una relación entre ETA y los islamistas del 11-M; también dijeron que Badillo y Vidal tenían como objeto atentar en Madrid sin guardar ninguna relación con los islamistas.
Por su parte, la acusación constituida por la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo no menciona a ETA en todo su escrito de conclusiones.
La AVT señala que "en las sesiones del juicio oral no ha quedado acreditado que en la comisión de los atentados tuviera lugar por el designio de ninguna organización terrorista, fuera cual fuera su orientación". Y apunta: "Lo que si ha quedado acreditado es que gran parte de los imputados en este procedimiento eran personas que de una u otra forma estaban colaborando con diferentes fuerzas policiales".
Para la AVT, la participación de nuestro país en la guerra de Irak no ha tenido nada que ver en la determinación de los terroristas islamistas para organizar los atentados. Es más, se preocupa de justificar que la decisión del Gobierno fue "legítima". Según esta acusación, fue la lucha del Gobierno contra el terrorismo de cualquier signo y las detenciones de líderes islamistas como Abu Dahdah lo que motivó la acción de los terroristas.
Por su parte, la Asociación Victimas del Terrorismo anuncia que "no renuncia a continuar la investigación hasta llegar a conocer quiénes fueron todas las personas que estuvieron implicadas en la ideación y ejecución de los atentados".
Por ello, además, afirma que pedirá que se sigan practicando las pruebas necesarias para determinar qué tipo de explosivo estalló en los trenes, ya que los peritos que han realizado los últimos análisis han concluido que no puede determinarse la marca comercial. La AVT también manifiesta que no cree que en los análisis practicados por los Tedax en 2004 no se llegara nunca a determinar los componentes en las muestras tomadas en los focos, como aseguró el jefe de esta unidad, Juan Jesús Sánchez Manzano, y la perito que analizó dichas muestras.
Además, esta acusación dice que emprenderá acciones contra quienes considera que cometieron desidia en sus funciones y pone como ejemplo al alférez de la Guardia Civil Jaime Trigos, conocido como 'Víctor', quien no actuó contra Jamal Ahmidan 'El Chino', autor de los atentados, después de la información que le facilitó el procesado Rafa Zouhier. Éste manifestó estar convencido de su implicación en los atentados y le facilitó su domicilio el 17 de marzo de 2004. Por el contrario, quien fue detenido el día 19 fue el propio Zouhier. Jamal Ahmidan siguió organizando atentados (el de la bomba contra la vía del AVE el 2 de abril) y se suicidó con otros seis terroristas el 3 de abril, en Leganés.
Las acusaciones de las tres asociaciones se han puesto de acuerdo en una cosa: en la petición de indemnizaciones para las víctimas.
Así, han pedido un millón de euros para la familia de cada fallecido. Y para los heridos, 250 euros por cada día de hospitalización, 200 euros por cada día impeditivo total y 150 por cada día impeditivo parcial.
Para la AVT y la Asociación 11-M, el total de heridos asciende a 1.841 porque así lo certificó el médico forense José Luis Miguel Pedrero en el juicio. Sin embargo, la Asociación Ayuda eleva la cantidad a 1.849 porque considera que ante el tribunal quedó acreditada la condición de víctima de otras ocho personas que prestaron declaración para hablar de sus secuelas.
Las acusaciones que pedían la responsabilidad subsidiaria del Estado, por no haber impedido los atentados, han eliminado este punto de sus calificaciones finales del juicio y reclamarán por la vía contencioso-administrativa. De esta manera, pueden conseguir que las personas a las que se atribuye un daño psicológico o moral también sean indemnizadas, pues la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo sólo contempla el daño físico y el daño psicológico consecuencia del primero. (extraido de "el Mundo").
En cambio, en sus conclusiones definitivas rebaja su petición de pena para Basel Ghalyoun de 38.654 a 12 años de prisión.
El Ministerio Público acusa a otro de los procesados como autor material. Se trata de Othman El Gnaoui, que pasa de los 24 años solicitados en un inicio a un total de 38.962, al añadírsele también los 191 asesinatos y 1841 en grado de tentativa, así como cuatro estragos.
Los demás presuntos autores materiales e intelectuales de los atentados han visto aumentada su pena en 306 años de cárcel más, ya que la Fiscalía considera que el número real de heridos en la masacre es de 1841 y no de 1824 como decía inicialmente.
Los que sí han resultado beneficiados por la calificación final de la Fiscalía son Javier González, "el Dinamita", y Brahim Moussaten, uno de los sobrinos del presunto ideólogo Youssef Belhadj, ya que a ambos se les ha retirado la acusación que pesaba sobre ellos.
En cuanto a Iván Granados, Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis, la Fiscalía fija su petición de pena en cuatro años de cárcel por un delito de asociación ilícita y otro de suministro de explosivos. Inicialmente pedía para ellos 8 años.
Por su parte, Carmen Toro ha visto aumentada su petición de pena a 6 años, al añadir a los 4 años iniciales por suministro de sustancias explosivas otros 2 por asociación ilícita.
Retiró de su acusación definitiva las penas que solicitaba por la explosión del piso de Leganés (Madrid) en el caso de los considerados autores intelectuales de los atentados del 11-M.
No obstante, en sus conclusiones definitivas, la mantiene para los tres principales acusados asturianos, al entender que proporcionaron la dinamita que provocó las explosiones de los trenes y la que mató al GEO Francisco Javier Torronteras, y del procesado que actuó de enlace entre la célula terrorista y Mina Conchita, Rafa Zouhier.
La acusación solicita un total de 391.464 años de cárcel para los 28 acusados para los que mantiene la acusación, tras retirarla para Brahim Moussaten. La cifra definitiva de heridos contabilizados por esta asociación es de 1.841 frente a los 1.824 que consideraba afectados al principio del juicio.
Por su parte, los acusados Raúl González Pelaéz, Iván Granados Peña, Javier González, Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis han visto reducida la petición de pena de esta asociación contra ellos de 22 años de cárcel a 8, al serles retirada la petición por un delito de colaboración con organización terrorista y rebajárseles la pena por suministro, tráfico o transporte de explosivos.
El vigilante de Mina Conchita, Emilio Llano, sufre también una merma en los años de prisión que la asociación solicita en su caso al considerar los letrados que no formaba parte del grupo delictivo de Suárez Trashorras.
La asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M ha retirado en su petición definitiva de penas los delitos de asesinato terrorista, asesinato en grado de tentativa y estragos de los que acusaba a Basel Ghalyoun al cambiar la declaración el testigo protegido que le acusaba.
El aumento mayor de penas solicitado por esta asociación es el relativo a Antonio Toro que pasa de los 23 años solicitados por colaboración, suministro y asociación ilícita a ser acusado también de 192 asesinatos y 1.867 en grado de tentativa, 5 delitos de estragos y 2 abortos por los que en total piden 39.505.
En cuanto al ex minero José Emilio Suárez Trashorras para el que se pedían un total de 402 años, ahora se le acusa de todas las muertes y heridos ocurridos tanto en los trenes de cercanías como en Leganés así como de dos delitos de aborto.
Ayuda a las Víctimas considera acreditada la utilización en los trenes de Goma 2 ECO y Titadyne. La Goma 2 ECO demuestra la participación de la trama asturiana mientras que la dinamita Titadyne apunta hacia lo que en su escrito de conclusiones provisionales llamaba "cuarta trama".
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) defiende en su escrito definitivo de penas solicitados a los acusados por su relación con el 11-M una posible autoría de la banda terrorista ETA de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y destaca que "no renuncia a continuar la investigación hasta llegar a conocer quienes fueron las personas que estuvieron implicadas en la ideación y ejecución de los atentados".
Afirma que en juicio no ha quedado acreditado que la comisión de los atentados tuviera lugar por el designio de ninguna organización terrorista fuera cual fuera su orientación. "Lo que si se ha acreditado es que gran parte de los imputados eran personas que de una u otra forma estaban colaborando con diferentes fuerzas policiales".
Agrega que el atentado no se produjo "como consecuencia de la decisión legítima del Gobierno" de participar en la guerra de Irak, sino que fue ideada "desde que España dentro de su lucha contra el terrorismo de cualquier signo", detuvo a significados representantes de Al Qaeda como Iman Eddin Barakat Yarkas, "Abú Dahdah".
En su escrito solicita que se depuren las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido los responsables de la investigación "que por dejadez o desidia" hubieran propiciado los atentados.
La sesión se reanudará el próximo día 11 de junio, lunes; Atentos a la escucha. El anillo se cierra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario