En la sesión de jornada de mañana se han expuesto los informes de dos defensas. Así ha discurrido la sesión matinal.
10:10 hs. INFORME DE LA DEFENSA DEL ACUSADO RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ.
La publicidad que se ha dado a este proceso ha tenido un efecto garantista. Debemos enorgullecernos de que se haya llevado a cabo el principio de publicidad hasta sus últimas consecuencias. Todos los españoles han podido seguir en directo el juicio. Se ha percibido lo que es un juicio en este país: lo que es un testigo, un perito... Antes los ciudadanos sólo conocían el procedimiento en Estados Unidos.
La publicidad del proceso ha hecho además que los ciudadanos perciban el alcance del derecho a la presunción de inocencia de los acusados. Se ha percibido también que el derecho a la defensa consagrado en la Constitución se materializa.
Es indispensable la labor de los medios que han trabajado en la sombra “tanto o más que nosotros” fortaleciendo la percepción de las garantías del proceso.
Se agradece la labor de los letrados defensores, muchos de ellos del turno de oficio. También el trabajo de los abogados de las acusaciones particulares y populares: han hecho una tarea muy importante en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad.
Las víctimas, y el pueblo de Madrid, merecen una mención especial. “Todos íbamos en los trenes”. Los ciudadanos tuvieron una actuación ejemplar: dieron paso a la justicia. No se debe condenar a una etnia, a una religión... En este sentido se ha dado una lección porque no en todos los países se actúa así. Se resalta el comportamiento de las víctimas cuando han estado frente a los que ellos consideran autores: esto ha aportado serenidad al proceso.
Los acusados que se consideran inocentes se consideran víctimas pero se les ha hecho ver que hay personas que sufren más que ellos. Los acusados también quieren el esclarecimiento de la verdad. Los letrados defensores no se han limitado a pedir la absolución de sus defendidos. Se pensó que los defensores iban a intentar boicotear el proceso, entorpeciéndolo y enfrentándose a todas las acusaciones; pero ello no ha sido así. Se ha contribuido para que el juicio siguiera su curso normalizado y esto no es casualidad. La labor del abogado de la defensa es apasionante; está en juego la libertad de una persona, el bien más preciado tras la vida. Es una gran responsabilidad tener en la mano la libertad de una persona y si se consigue la libertad es un triunfo de la justicia. Se ha intentado esclarecer sin menoscabar la defensa de los clientes averiguar qué sucedió esos días.
Esta defensa presentó dos cuestiones de nulidad: vulneración de la defensa y del principio acusatorio.
Como consecuencia del secreto instructorio se ha vulnerado el derecho de defensa de los acusados. El Ministerio Fiscal ha dicho que el secreto sumarial es constitucional; y se ha dicho que no hubo indefensión porque las defensas propusieron a más de 500 testigos y a 100 peritos. Esto no es una justificación: los letrados trabajaron día y noche para preparar la defensa, mientras que el Ministerio Fiscal tenía acceso a todas las actuaciones hasta el final de la instrucción. Se tergiversaron los hechos que las defensas desconocían. Raúl González estuvo en prisión mientras la causa permanecía secreta: preguntaba porqué estaba preso pero este letrado no podía dar explicación porque la causa permanecía secreta. Se dijo que Trashorras había dicho que un tal “Rulo”, alias de Raúl González, le facilitaba explosivos; resultó que luego no era así. Se pidieron careos y no se admitieron.
En cuanto a la vulneración del principio acusatorio, hay que decir primero que Raúl González fue detenido en junio de 2004 y estuvo preso 2 años. Se le dijo que estaba en prisión por tráfico de explosivos, por 191 asesinatos terroristas, etc. Y por pertenencia a banda armada de carácter islamista: él no había visto a un islamista en su vida. Resultó que luego sólo se le imputó por tráfico de explosivos. Es cierto que lo que marca el proceso es el auto de procesamiento y ello no se cuestiona. Lo que se quiere poner de manifiesto es que a Raúl no se le informó de lo que se le iba a acusar. Se ha vulnerado el derecho a la igualdad de armas y el derecho de defensa. Y, aunque los abogados de oficio envidian los medios que tienen los de parte, no ha habido pereza por parte de aquéllos.
¿Alguien sabe quién es Raúl González? Los asturianos son parcos en palabras. Raúl preguntaba a su defensor porqué ningún acusado había hablado de él; se le dijo “espera que ahora vienen las periciales” pero tampoco se aportó prueba contra él. Sólo una llamada telefónica. Las acusaciones han variado entre el “quién no ha sido” y el “han sido otros”. Y entretanto se les ha ido diluyendo la causa. Mientras Raúl pensaba “yo he venido a hablar de los mío”. Nunca se ha visto que se intente buscar “quién no ha sido”. “¿Qué nos quieren decir? ¿Qué han sido unos yihaidistas que sustrajeron explosivos en Asturias que pusieron bombas en los trenes, luego en las vías del AVE y luego se suicidaron...?” Respecto a Raúl González no se ha individualizado su conducta: no hay prueba de cargo para enervar su presunción de inocencia pero no podemos quedarnos aquí. Las acusaciones no han trabajado las pruebas, entendemos que haberlas las ahí y vamos a desvirtuarlas. Se ha dicho que hay “un saco de pruebas”.
El indicio de que Raúl González no hablara o no contestara a las acusaciones no es un indicio de culpabilidad; es un derecho fundamental. Pero el silencio es interpretable y ello sólo cuando las respuestas son evasivas ante preguntas incriminatorias (Sentencia del Tribunal Supremo 927/2006). Raúl contestó a su defensa y su defensa le hizo todas las preguntas que habían efectuado las acusaciones; luego no dejó de contestar ni una sola pregunta.
10:50 hs. Receso de 5 minutos.
Las pruebas de cargo contra Raúl González se limitan a dos.
La declaración de Iván Granados Peña en el cuartel de la Guardia Civil se produjo en condiciones extrañas. Cuando era el segundo día que estaba detenido le preguntaron si sabía quien le daba los explosivos a Trashorras y dijo que no. El quinto día, en una segunda declaración policial y asistido por un abogado distinto al suyo, le efectúan una pregunta y ahora dice que sí lo sabe. En los tres días intermedios nadie le pregunto nada; debió iluminarlo una luz. En el Juzgado declaró que Trashorras nunca le dijo quién le facilitaba los explosivos y que dijo lo que dijo porque le prometieron una pizza y dejarle en libertad. No alegó malos tratos.... De hecho en su declaración instructoria no alegó malos tratos pero contó sin más, y no para excusarse, que le interrogaron sin abogado varias veces. Y esto no figura en el “manual del terrorista” que aduce malos tratos para cambiar su declaración. De hecho Iván Granados no conocía a Raúl González. Le comentó a Raúl que había declarado contra él ... Además, esa declaración de un testigo de referencia y además coimputado, no ha sido traída al juicio y por ello no tiene valor incriminatorio alguno: tiene valor 0, no valor 0,1, “pueden tirarla a la basura”.
Respecto a las llamadas hay una de duración 0,6 minutos a Trashorras. Ningún valor tiene que una persona consuma cocaína a nadie. Las llamadas finalizan el 3 de febrero de 2004. Los explosivos llegaron a Mina Conchita el 23 de enero “y no antes”. Raúl González llevaba entonces mes y medio fuera de la mina: no trabajaba en la mina “¿cómo va a ser él?”.
Se le acusa de asociación ilícita. Se dice que hay una trama asturiana ¿y quiénes la integran? Todos los que son de Asturias y punto. Cuando se habla de la consistencia o permanencia de la asociación se habla de que las actividades comenzaron en 2001; pero es que Raúl González ni siquiera estuvo imputado o relacionado con la “Operación Pipol”.
Parece ser “que no se puede estar en misa y repicando” y que las acusaciones no pueden actuar de dos maneras. Se discrepa totalmente. El defensor tiene que adoptar posturas diferentes y agotar distintas opciones; es lo que se llama una “defensa en escala”.
En la pieza separada en que se recogen los documentos de la Comandancia de Oviedo, en un documento se dice que la persona que actuaba en connivencia con Trashorras para la sustracción de explosivos era un “artillero de Grado” que (Trashorras) recogía habitualmente para ir al trabajo; pero es que en otro de los informes de la Comandancia se dice que el artillero vivía en la zona del “Alto de la Cabruñana”. ¿De dónde procedían estas informaciones? De los confidentes.
Se exhibe ante la Sala un plano de la zona en el que se ven las ubicaciones geográficas de Grado y del Alto de la Cabruñana.
Además, los mineros dijeron con quién iba Trashorras a trabajar y con quién iba Raúl González: éste no iba con Trashorras porque vivían en zonas opuestas.
Nadie sabe que pasaba con los confidentes: es una cosa vergonzosa. La policía de Oviedo y la Guardia Civil sí tenían un saco de pruebas pero ¿qué hicieron con ellas?. Nada, absolutamente nada.
“Manolón”, controlador de Trashorras, vino al juicio y dijo que él se sentía controlado y que Trashorras le llamaba para saber dónde estaba. Pero es que Trashorras le llamó desde Tenerife y acto seguido llamó a Jamal Ahmidan. Se ha acreditado que Trashorras le daba mucha información porque se han desarticulado “muchas cosas”. Pero nos preguntamos cómo se pagaba eso....
El explosivo que entregó Zouhier como confidente se dijo que estaba en mal estado. Otra prueba que se ha destruido. Zouhier le contó a Víctor quien era Jamal Ahmidan todo “blanco y en botella”. Víctor se limitaba a decir “aja... aja... aja...” Fue vergonzoso. Le pidió a Zouhier que le facilitase su teléfono y sólo le faltó pedirle que se lo trajese detenido. Zouhier dice “éste” (sin dar el nombre de Jamal Ahmidan) y Víctor sabía de quién se estaba hablando. Zouhier le dice “vive ahí”, luego ya le había hablado antes a Víctor de ello. Menos mal que (en Mocejón) fallaron los terroristas, menos mal para todos y menos mal para la conciencia de Víctor.
Se ha dicho que la policía y la Guardia Civil estaba siempre un paso detrás de ellos. Pero esto no es así en Asturias: no estaban atrás, estaban al lado.
Por lo que respecta a las inspecciones de la mina, es ahí donde se inician las imputaciones de Raúl González.
En un informe de 18 septiembre de 2002, la Intervención en que se habla de sustracciones de pequeñas cantidades de explosivo. La policía conocía, por tanto, ya entonces de que los sobrantes de explosivos quedaban en la mina; que no se consumían y que se vendían. La Guardia Civil pidió entonces que, como ellos no podían vigilar las minas, lo hiciera un vigilante jurado; y ello cuando más peligro existía porque había explosivo circulando por ahí.
Se ha dicho que cada minero dejaba hasta 5 kilos de explosivos el fin de semana.
El 18 de junio de 2004, se produjo la Inspección ocular de Mina Conchita. Se encontraron bolsas de dinamita sueltas, etc. Se dijo que el descontrol de la Mina había existido siempre. Y se ha dicho que si alguien sustraía explosivos debía ser minero... Pero se ha rectificado luego: cualquier ciudadano, senderistas, ... podrían haber accedido a los explosivos. Sólo había, como medida de seguridad, una valla que se podía subir y bajar, y algunos perros sueltos en alguna ocasión. Había más de 2000 kilos de explosivos accesibles para cualquiera en la Mina. “No han pasado más cosas en este país porque Dios o Alá no ha querido”.
Mina Conchita sólo fue objeto en 2003 de una inspección. “Punto pelota”. Ni las 3 ordinarias ni las extraordinarias.... Una inspección que dio como resultado “SIN NOVEDAD”. ¿Quiere ello decir que todo seguía igual: los explosivos sueltos, sin vigilancia....? En 2004, la primera inspección se hizo el 21 de marzo y se observó “NINGUNA ANOMALÍA”. El caso es que los explosivos estaban a la intemperie y que no había medidas de seguridad, luego no se puede decir que las sustracciones las debían hacer los mineros. De hecho, quien realizó el Informe, en juicio admitió que “matizaría” alguna cosa: donde dijo “mineros” quiere decir “cualquier ciudadano”.
Es de destacar cómo se hacían los descuentos por consumo en los salarios de los mineros. Emilio Llano dijo que se hacía “a ojo”. Era imposible, así, saber cuánto explosivo se consumía y cuál era el sobrante. Se ha dicho que lo que se hacía es “explosivo recibido = explosivo consumido”. El juez de instrucción ha hablado de “absoluto descontrol”.
Se realizó una inspección en diciembre de 2004 en Mina Nueva Perdiz de “Caolines de la Espina, S.L.”: desembocó en la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 febrero de 2007 que imponía a la empresa. La “empresa modelo” (irónicamente dicho), Caolinés de Merillés, es una de las propietarias de esa sociedad. Y cuando declaró en juicio el representante de esa empresa dijo que nunca había sido sancionada; y sin embargo ya tenían una nueva sanción. De hecho Mina Nueva Perdiz está en la misma zona que Mina Conchita.
La declaración de El Menor (Gabriel Montoya Vidal), el único que ha explicado cómo se produjo el robo, dijo que fue a la mina el 28 de febrero con tres árabes. Y no dijo que fuera con ningún minero. Había un sendero marcado. Jamal Ahmidan conocía Mina Conchita: Trashorras le había llevado allí ya cuatro meses antes de la sustracción.
Un minero ha declarado que en febrero de 2004, un viernes dejó en la mina 5 cajas de explosivos y que, cuando llegó el lunes, estas ya no estaban. Esta declaración es importante....
En símil de un aforismo periodístico, se dice que las acusaciones han actuado siguiendo el principio de “que la realidad no te estropee una mediana acusación”: ya tenían a Raúl González, luego ¿para qué investigar más? ... Se encontraron en el camino de la mina unas etiquetas de Carrefour y resulta que una mujer que ha declarado en juicio ha explicado que vendió unas mochilas a unos árabes e identificó a Jamal Ahmidan. Pero es más fácil sostener que Raúl González bajaba progresivamente los explosivos en bolsitas y que eso no estropee la acusación.
Se exhibe ante la Sala un plano de la Mina, en que se aprecian los distintos niveles y la zona que investigaba la Guardia Civil: sólo se inspeccionaba la zona inferior de la mina.
Según declaración de El Menor, Jamal Ahmidan, Kounjaa y Rachid Oulad Akcha estuvieron siete horas en la mina. Si hubiese sido un minero habría tardado una hora. Bien que las condiciones climáticas y la oscuridad no eran favorables, pero es que estuvieron siete horas ...
En la Comisión Parlamentaria el descontrol de la mina produjo hasta risas; se dijo incluso que la mina parecía un autoservicio.
Cuando Raúl fue detenido tenía 23 años y vivía en un pueblo de 23 casas. Nunca había salido de su pueblo. Vino a Madrid esposado. Ha sido siempre un trabajador; se levantaba a las 6 de la mañana para ir a la mina. Ha estado 2 años preso y se tiene que presentar todos los días ante la policía. No tiene trabajo... Esto es injusto por todo lo que hemos visto.
Fueron injustos los atentados pero que pague por ello quien corresponda. Alguna acusación ha dicho que no están todos los que son, “eso no lo sé; lo que sí sé es que no son todos lo que están y por eso pido la absolución de Raúl González Peláez.”
12:21 hs. Receso de 30 minutos.
INFORME DE CONCLUSIONES DEFINITIVAS DEL ABOGADO DEFENSOR DE MOHAMED MOUSSATEN
13:03 hs. INFORME DE LA DEFENSA DEL ACUSADO MOHAMED MOUSSATEN.
Se eleva a definitivo el escrito de defensa.
La primera cuestión previa de las dos planteadas, se refiere a la toma de declaración policial del acusado. Se entiende que este interrogatorio es nulo de pleno derecho por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. La comunicación debería haber durado el tiempo estrictamente necesario tal y como dispone en los artículos 509 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A Mohamed Moussaten no se le dio en ningún momento explicación del porqué de su aislamiento. Existe un auto pero el mismo carece de contenido material. Se entiende que la prolongación de la situación del estado extremo de aislamiento fue fruto de un abuso de derecho.
Mohamed fue detenido junto a su padre, a su madre y a su hermano. Y al final no se le dice el porqué. Sus familiares estaban detenidos en celdas próximas a la suya. Oía los gritos de su madre. Se le tuvo cuatro días en una situación de hambre y sed, sometido a amenazas. Se le decía que declarase todo lo que se le indicaba, porque, si no, se le iba a llevar a Marruecos y se le iban a cortar las manos. Mohamed también dijo que había un marroquí encapuchado presente en los interrogatorios. Cuando Mohamed Moussaten fue detenido tenía 19 años. Carecía de madurez suficiente para afrontar la situación y parece que hubo un aprovechamiento de esta circunstancia. Se produce una situación arbitraria que no conduce al esclarecimiento de ninguno de los hechos. Sólo se pretende atribuir un papel determinado a ciertos detenidos y hoy acusados. Este testimonio queda avalado por el testimonio de Mohamed Ouzani que declaró prácticamente lo mismo que Mohamed Moussaten, su padre y su hermano, Brahim. Se han excedido las prerrogativas de la Ley 8/94. Es cierto que el marco legal propicia una situación para que se tomen declaraciones como las que se tomaron a Mohamed Moussaten. Pero la situación de éste era absolutamente tangencial en los hechos. Hay situaciones que se llevan a cabo conforme al marco legal pero que pueden dar lugar a situaciones como la que se están exponiendo. El Comité de Derechos Humanos ha confirmado que aunque las torturas o malos tratos no son habituales en España, sí en el régimen de incomunicación existen incidentes que dan lugar a tratamientos inadecuados o torturas de los detenidos. La amplitud de la prisión preventiva puede suponer una mayor gravosidad para el detenido y que puede llegar a vulnerar el derecho a no declarar o no confesarse culpable. La declaración de Mohamed Moussaten se encuentra viciada por las indicaciones de la propia Policía para que el detenido declarase en un determinado sentido. Existe por tanto una serie de indicios que avalan la nulidad radical de pleno derecho de la declaración policial del detenido.
La segunda cuestión de nulidad alegada por esta defensa se refiere al secreto sumarial. Este letrado se remite al informe del letrado precedente (defensor del procesado Raúl González). “Se nos ha dejado absolutamente indefensos”. Se ha vulnerado el principio de igualdad de armas y el principio de contradicción: el Fiscal asistía a todas las diligencias de prueba y las defensas no. Si una parte no sabe que línea de investigación se está siguiendo difícilmente puede preparar su defensa. Se ha vulnerado el derecho de acceso a la prueba y el principio de seguridad jurídica. También el derecho a la presunción de inocencia pues no se han podido proponer pruebas: viene uno al juicio con meras sospechas y cruzando los dedos porque ni siquiera sabe de lo que se le va a acusar. Cuanto menos la posibilidad de actuar en una situación de igualdad de armas debería haberse garantizado.
También se indica que la familia Moussaten formaba parte de la logística yihaidista. Todo elemento de imputación queda reducido a que Mohamed y Brahim Moussaten eran sobrinos de Youssef Belhadj. Sin embargo, en el juicio nada ha quedado probado. Incluso dos acusaciones la han retirado contra Mohamed Moussaten.
Se ha hablado de “sacos de prueba” incriminatorios. Centrados en la prueba, vemos que el origen se halla en ese informe de la UCIE. En el cual se dice que Mohamed facilitó el teléfono de Belhadj en Bélgica al huido Afalah.
Otra supuesta prueba es que Mohamed Moussaten envió un mensaje a Abdelmajid Bouchar tras los suicidios de Leganés.
Se ha dicho que la familia Moussaten pertenece al aparato logístico del GIMC, pero no se da prueba alguna. Y esto se hace derivar del hecho de que Belhadj se alojó en Madrid en casa de los Moussaten y que iba a mezquita con sus sobrinos. Se intenta decir que el alojamiento está basado en la pertenencia a una misma organización. Sin embargo, se olvida que las familias son próximas, ambas de Nador.
Se ha cuestionado la declaración de Mohamed Moussaten cuando afirma que en los interrogatorios estaba presente un marroquí que fue precisamente quien profirió determinadas amenazas.
Se ha cuestionado el hecho de que Mohamed Moussaten fuera el único que no firmo el acta de registro de su casa. Pero éste explico que a él no le dieron un acta sino un libro. Y resulta que ahora puede versa que el acta que se levantó tiene en su margen unos agujeros que hacen ver que esas hojas efectivamente estaban encuadernadas.
Se ha dicho que Mohamed Moussaten afirmó que veía páginas en Internet de carácter yihaidista con su tío Belhadj. Pero él nunca afirmó que esas páginas fueran violentas o de guerra.
Se observa además que cuando Brahim intentó localizar a la familia Belhadj no supo bien donde ir. Por ello es difícil pensar que existiera una organización: ni siquiera sabían donde vivían los otros.
Mohamed ha declarado que su tío vino Belhadj vino a Madrid en busca de trabajo y que nunca le habló de la yihad ni de explosivos; que nunca le dijo que perteneciera a Al Qaeda y que quisiera ir a Afganistán a hacer la yihad; que no visionaba páginas radicales en Internet.
El padre de Mohamed ha declarado que éste tenía en su mayoría amigos españoles y que no era muy religioso. En 2004, casi no vio a su tío porque trabajaba de noche. Fue a Bélgica con 3.600 euros para comprar un coche pero al final no lo hizo porque él encontró uno barato en España. también ha declarado este testigo que Mohamed no le dijo haber visto grandes cantidades de dinero en la casa de los Belhadj. Con 19 años se dedicaba a las tareas propias de su edad: a trabajar y a divertirse.
Mohamed se acogió a su derecho constitucional a no declarar pero ello no quiere decir que quisiera ocultar nada.
El dinero que Mohamed llevó a Bélgica lo había ahorrado del salario de su trabajo. No tenía que colaborar con aportaciones a su familia y además no estamos hablando de una gran cantidad de dinero, sino de sólo 3600 euros. Como ya se ha dicho Mohamed no compró el coche en Bélgica por indicaciones de su padre. Regresó con prácticamente todo el dinero, pues sus gastos eran mínimos ya que en Bélgica se alojaba en casa de sus familiares. Compró el coche en España. Además, en Bélgica, Mohamed sólo vio a Youssef Behadj en una ocasión cuando fueron a la mezquita.
Mohamed sólo mantuvo con su tío Youssef relaciones estrictamente familiares. En 15 años sólo le ha visto en cuatro ocasiones.
Mohamed fue a casa de los Belhadj en Madrid para conocer los teléfonos de Mimoun y Youssef Belhadj en Bélgica. Y tuvo que intentarlo en dos ocasiones...
Cuando Youssef venía a España no tenía relación con sus sobrinos.
Mohamed fue a Bélgica a comprar un coche que allí no compró pero que si compró luego en Madrid (está asegurado con póliza de la compañía MAPFRE).
Suponiendo que Youssef Belhadj tuviese una actividad determinada y que esta fuera conocida por Mohamed no significaría que éste colaborase con banda armada. Estaríamos ante una actividad meramente pasiva sin actos de colaboración, tal y como exige el art. 571 del Código Penal. Además, debería acreditarse el elemento subjetivo volitivo, el dolo.
Respecto al tipo penal de integración de asociación ilícita con fines terroristas (arts. 515 y 516 del Código penal) tampoco ha quedado acreditado ningún elemento del tipo. Ni tan siquiera se ha probado la existencia de una organización terrorista.
A Mohamed Moussaten no se le puede situar ni en la finca de Morata, ni en el piso de Leganés, etc. Simplemente se basa su acusación en el hecho de ser sobrino de Youssef Belhadj. No se sabe cómo, cuándo ni dónde colaboró o perteneció Mohamed Moussaten a una banda armada o asociación ilícita. Ni siquiera existen indicios. Sólo aquél inicial informe de la Policía del que se desprenden tres elementos (los dos primeros coincidentes con Brahim Moussaten):
1.- Ser sobrino de Youssef Blehadj.
2.- Facilitar un teléfono a Afalah.
3.- Viajar a Bélgica para comprar un coche, cuestión ya tratada.
No existen elementos objetivos que relacionen a Mohamed Moussaten con los hechos que se le imputan.
Finalmente, y en relación con la comparación del número de detenidos tras los atentados del 11-S en Estados Unidos frente a los detenidos tras el 11-M, se hace referencia a la “pena de banquillo” a que han sido sometidos muchos procesados.
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